Ellos fueron sorprendidos por funcionarios que los obligaron a firmar actas de supervisión sin tener la oportunidad de leerlas, afirma Juan Sernaque.

El presidente de la Asociación de la Recursos Forestales, Juan Sernaque, denunció públicamente que el OSINFOR acusó ante el Ministerio Público a 40 comuneros por cometer supuestos delitos en las autorizaciones, haciéndoles firmar actas de supervisión sin la presencia de sus asesores y sin el conocimiento de las respectivas actas.

El dirigente acusó a los funcionarios del OSINFOR de actuar de mala fe cuando realizaron visitas de supervisión a los predios de los comuneros sorprendiendo a éstos que habían infligido normas y directivas y hacerlos firmar las actas sin darles oportunidad para que ellos puedan leer lo que firman.

El representante de la asociación dijo que los comuneros desconocen las normas y directivas por que nunca OSINFOR los capacitó durante muchos años y no era posible que de la noche a la mañana se empaparán de documentos que tiene que ver con las autorizaciones.

Señaló que el OSINFOR implemento de un momento a otro normas y recomendaciones que son los requisitos y directivas para poder tener las autorizaciones respectivas para la explotación de los recursos forestales en sus predios.

Lamentó que los funcionarios de esa entidad nunca se preocuparon por capacitar a los comuneros de Olmos sino de los otros distritos para conocer de cerca lo relacionado a las autorizaciones de los recursos forestales.

Agregó que la mayoría de los comuneros son personas iletradas y es por eso que los funcionarios se aprovecharon para hacer firmar las actas de supervisión a su libre antojo.

Además señaló que las autorizaciones que mencionan los funcionarios de OSINFOR datan del año 2009 y no del 2011 que nada tiene que ver la implementación de las nuevas directivas que a puesto en marcha el OSINFOR a partir de la fecha.

El presidente hizo un llamado a los comuneros notificados y acusados por el OSINFOR ante las autoridades del Ministerio Público para tomar las medidas correctivas y denunciar ante el poder judicial a los funcionarios por los delitos de abuso de autoridad en agravio de los humildes comuneros.

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